Para andar por la ciudad

“Ya no les vamos a cobrar la tenencia en el DF.” Qué bien, menos mal, ya era hora.

“Pero tienen que cambiar de tarjeta de circulación, y este cambio tiene un costo.” Ah. ¿Y si no la cambiamos?

“No pueden verificar el coche. Y si no verifican, no pueden circular.”

El costo monetario es, en efecto, menor al de la tenencia. El horror de realizar el cambio, sin embargo, haría preferible haber pagado la tenencia original.

Llama uno a Locatel y le dicen qué documentos necesita, en original y dos copias:

Factura del coche.

Comprobante de domicilio (puede ser agua, luz, predial, teléfono pero sólo de Telmex –no las otras proveedoras de servicios de telefonía-).

Comprobantes de pago de todas las tenencias desde que se compró el coche. (Aunque, si el coche está verificado, quiere decir que se pagó la tenencia, pero las verificaciones no sirven).

Identificación oficial.

Va uno a la oficina asignada, y le dicen que no, que el recibo de la luz no sirve como comprobante de domicilio. Sin explicación. “Váyase y consígame otro para mañana”. No puede uno más que pensar que no les gusta, en el gobierno perredista de la ciudad, porque lo emite la CFE y no LyF. Pero si no tiene uno contrato con Telmex y si el predial no está a su nombre, si el del agua está a nombre del marido, ya no queda más (¿han tratado, por cierto, de cambiar el propietario de su casa, si se la compraron a una constructora? Inténtenlo un día que estén aburridos. Les da para varias semanas de diversión).

Regresa uno al día siguiente con un estado de cuenta del banco, temblando porque a lo mejor el banco no les gusta. No: está bien, el banco sí les gusta.

Hasta que ven el comprobante de la tenencia del 2009.

“Éste no le sirve. Vaya a que se lo certifiquen.” ¿Por qué no sirve? Tiene la cadena y el sello digitales del GDF. “Sí, pero lo emite el banco.” Claro: pagué en el portal del banco. “Por eso, necesita certificación.” Aquí está, es la cadena digital. “Eso no vale. Vaya a certificarlo.”

¿Quién puede argumentar contra esa lógica?

La certificación, por supuesto, después de otra cola interminable, cuesta. Para evitar que el burócrata se embolse nuestro dinero o lo use en otra campaña presidencial de seis años, pedimos una factura. “No, ésa sí se la quedo a deber”. ¿Por? “Porque no damos facturas.” Pero es dinero público que está usted cobrando a nombre del gobierno. “Pus sí, pero aquí nomás certificamos los pagos.” Y quiero una factura por el dinero que acaba usted de recibir por hacerme el servicio de certificarme el pago. “No, ya le dije que no damos facturas.”

Se va uno, aguantándose las ganas de golpearlo, sólo para darse cuenta de que ya cerraron la ventanilla del trámite original.

Día tres. Tramita, por fin, la tarjeta de circulación con chip, misma que el taxista (legal) le venía diciendo que no sirve de nada porque ya venden las falsas. Y que nadie hace nada porque ¿qué van a hacer?

Saliendo de la Delegación, busca uno un taxi legal. No hay. La última moda es pintarle un número cualquiera al espacio donde debería ir la placa. Los policías que están ahí parados no hacen nada. Es más, con toda probabilidad los policías no saben que esos coches que circulan por las calles con numeritos pintados son ilegales. ¿Tendrán tarjetas con chip?

Para cruzar la calle y llegar a la estación de metro, hay que rodear el coche desde cuya cajuela se venden tacos y quesadillas, y donde varios policías están comiendo. Dan ganas de pedirle al taquero su tarjeta de circulación.

Ya en la esquina, contiene uno la respiración en lo que se disipa la espesa nube negra que sale de un microbús que se acaba de pasar el alto. Frente a los policías y frente a la Delegación. ¿Traerá, él, tarjeta con chip? ¿Habrá verificado el microbús?

¿Por qué se empeña este gobierno tan plural y tan incluyente en seguir haciendo, de quienes estamos obligados a pagar todo lo que nos endilgan, ciudadanos de tercera clase cuya única función en el DF es pagar y callar? Si la idea de la verificación es no contaminar, ¿por qué son sólo los propietarios honestos de coches particulares los que deben verificar, por qué no los del transporte público? Y ya puestos en esto, ¿por qué se exime a los microbuseros y a los taxis pirata de las leyes de respetar los semáforos, prender las luces cuando es de noche, no pararse en doble fila a esperar pasaje, etc.? Es un incentivo muy perverso constatar a diario que la ilegalidad, todas las ilegalidades, se premian y que el costo de la legalidad es mucho mayor.